Constitución e iniciativa popular, la contradicción implícita.

La constitución española contempla en su artículo 87.3 la iniciativa popular y en el 92 la posibilidad del referéndum. Si bien, sendas leyes ordinarias, la 2/1980 y la 3/1984, regulan en detalle aquellos aspectos  del referéndum y la iniciativa popular que no tuvieron cabida en la constitución.

1- La constitución limita el referéndum a las “decisiones políticas de especial transcendencia” y asigna la iniciativa al Presidente del Gobierno.

2- Y en cuanto a la iniciativa popular, queda restringida, en resumen, a aquellas leyes de menor importancia y/o complejidad (todas aquellas que no sean leyes orgánicas, de naturaleza tributaria, de carácter internacional…).

La constitución contiene así un mensaje contradictorio, con respecto a la posibilidad de la participación ciudadana:

Nos dice que el pueblo tiene derecho a participar en las decisiones de especial transcendencia y al mismo tiempo niega al pueblo la posibilidad de tener iniciativas legislativas sobre los temas de mayor importancia, a pesar de que dichas iniciativas luego deban pasar un trámite parlamentario...

Buscando una explicación racional …

1- El primer caso se apoyará probablemente en el criterio económico del costo de la consulta. Parece querer decir: “dejémosles elegir cuando la transcendencia lo aconseje, tienen derecho y están capacitados pero el costo es demasiado alto”.

2- En cuanto al segundo, probablemente sea una cuestión de gobernanza y costos, ya que, el preámbulo de la ley 3/84 dice restringir la capacidad de legislar del pueblo para evitar injerencias en las funciones asignadas por la constitución a “órganos concretos del estado” y respetar “el papel institucional de los partidos políticos como órganos de manifestación de la voluntad popular e instrumentos fundamentales de la participación política”. Es decir: “dejémosles que puedan proponer legislación sobre aquellos asuntos que no choquen con la atribuciones asignadas por la constitución a los órganos del Estado y no encuentre eco en los partidos”.

Ahora bien, dado que los sistemas de información y telecomunicación acabarán salvando el escollo económico y aligerando los tiempos de tramitación, y admitiendo sin ambages la “incapacidad” del pueblo insinuada por el articulado de la constitución:

¿Por qué no se van autorizando progresivamente materias para su decisión que no choquen directamente con la gobernabilidad de manera que el pueblo tenga una participación creciente en la vida pública y se instruya ejerciéndola?

O siendo extremadamente audaces, ¿por qué no se atreven a otorgar mayores grados de ciudadanía y capacidad de decisión a aquellos dispuestos a participar y que acrediten su esfuerzo personal en su formación?

En conclusión:

No deberíamos considerar esta creciente participación como un ataque a la línea de flotación de los partidos políticos, la participación directa de los ciudadanos y los partidos se pueden compatibilizar. Sería mejor integrarla y articularla dentro del sistema para dar una salida más ágil al sentir popular.

Buscando una solución de compromiso, una estructura horizontal popular reglada puede, ahora mismo, solaparse con las estructuras jerarquizadas de los partidos y contribuir a engrasar la maquinaria democrática. Y esto, hasta cierto punto, ya está pasando… aunque fuera de una aplicación software controlada por el estado, y en aplicaciones web no orientadas ni creadas ex profeso para sostener un debate.


Fernando Vich