Ley de transparencia, centralización y control

Acogí con cierta sorpresa la consulta popular abierta para el anteproyecto de la ley de transparencia, hito mayúsculo y que sin embargo creo ha pasado con tibieza por los medios de comunicación. La importancia del hecho no radica en la utilidad del proceso, que por ser el primero en su género dudo tenga mayor repercusión que la fanfarria pública asociada a una demostración de buena voluntad, sino por el hecho de que, tras el periplo de la democracia en España, es el primer gesto desde el poder que viene a remodelar el pilar sobre el que se asienta nuestras democracias: la participación ciudadana.

En un ejercicio de coherencia personal no he podido sino aportar mis comentarios a la misma y participar así en este experimento desde el escepticismo, un escepticismo matizado con cierto poso de esperanza en el largo plazo. No vaya a ser que digan que nadie se ha molestado en participar.

Leído el anteproyecto vemos que son cuatro los apartados que lo componen, Transparencia, Derecho a la Información, Buen Gobierno y Otras disposiciones. Yo encuentro a mi gusto varios comentarios que no ordenaré tanto por apartados sino por ideas, a saber:

Ámbito de aplicación:

El anteproyecto de ley de la transparencia limita a las sociedades mercantiles cuya participación directa e indirecta sea superior al 50% (Art 2.e). Dicha limitación, que hasta donde mi conocimiento mercantil alcanza no tiene razón legal, reviste un dudoso gusto, dado que para mí, hasta el último céntimo del erario público tiene valor. Dicho lo dicho, si alguien quiere contar con tal socio solvente en sus filas, creo más que razonable que pague con una transparencia meridianamente cristalina.

Gestión web, portal de transparencia; información interrelacionada:

En general, se determina que será en las sedes electrónicas o páginas web donde se hará pública la información, y que el portal de transparencia será una herramienta que incluirá solo la información que se solicite con mayor frecuencia. Expresado en estos términos, el portal acabará siendo inefectivo, o dicho de otra manera, una oportunidad perdida. A nadie se le escapa que la utilidad de la información no es solo la información aislada en sí, si no la forma en que toda la información pueda ser puesta en relación para sacar conclusiones; es decir, estadística. Por ello considero que dejar escapar la posibilidad de crear una base de datos centralizada donde se pueda ver pormenorizada y públicamente el reparto del dinero de todos es, al fin y al cabo, una ocasión perdida por falta de ambición. (Por no hablar de una base de datos jurídica común).

Dejando la base de datos jurídica de lado, imaginemos que realizando una búsqueda en dicha base de datos de transparencia podemos obtener la cantidad de dinero público que una determinada persona obtiene a través de subvenciones directas o contratos con una empresa participada por él. O que gracias a dicha base de datos podemos ver qué personas son las más favorecidas en una comunidad, localidad… etc con el dinero de todos.

Y para darle auténtico peso legal, imaginemos que supeditamos la validez de un contrato o de una subvención, no solo a la publicación en el BOE, sino a su inclusión en la base de datos de la transparencia.

Esto es una herramienta útil, lo otro un escaso lavado de cara. Eso sí, seamos justos, la creación de este tipo de herramientas consume recursos y tiempo. ¿Los tenemos? ¿Queremos tenerlos?

Agencia de transparencia; control, centralización, ventanilla única:

El anteproyecto estipula que la petición de acceso a la información se dirigirá directamente al organismo competente, y que se recurrirá potestativamente a la agencia de la transparencia o vía contencioso-administrativa en su defecto. Lo que puede suponer una ventaja relativa en el tiempo de acceso a la información, puede suponer desventaja por la multiplicidad de formatos y criterios con los que se aportará la información, o incluso un tormento si uno desconoce el responsable de una determinada información. Por ello, concibo la idea de una fiscalización de la información centralizada, que aporte un criterio único, amén de un formato que permita la integración de la información en una base de datos común, así como la gestión bajo el concepto de ventanilla única, que evite que el ciudadano se vuelva loco a la caza y búsqueda de un responsable…

Por todo ello, creo mejor, incluso ante la eventual demora de algunas peticiones, que se den unas potentes competencias a la mencionada Agencia, incluyendo la capacidad de sancionar a los demás entes de la administración, de forma que la agencia, como ventanilla única, buscara la información que fuera requerida; evitando la farragosidad administrativa al administrado, valga la redundancia. La agencia así: limpiaría, fijaría y daría esplendor a la información pública del estado, administraría el portal de transparencia, dando el apoyo técnico necesario al resto de  órganos y entes de la administración, que serían los que introducirían la información en la base de datos de la agencia bajo su estricta supervisión.

Si no se le da la capacidad de control a la Agencia, capacidad sancionadora, si se deja a las autonomías y a los ciudadanos elegir su intermediario, ¿Cuál es la verdadera utilidad de la Agencia?

Buen gobierno:

De este apartado solo necesito una cosa: ¿Me podrían aclarar ante quién tengo, yo ciudadano, que poner la demanda/parte/informe cuando aprecie que un alto cargo incurre en alguna de estas faltas de buen gobierno?

Para resumir...

Hasta que la ley tome forma definitiva van a permitir que ejerza mi derecho al escepticismo: si no se toman las medidas adecuadas esta ley significará añadir una costosa burocracia con un impacto limitado en cuanto a la capacidad de fiscalización.

En cualquier caso, es un gran paso para este país, quizás insignificante a escala mundial; todavía falta una transparencia más relevante: la transparencia financiera globalizada…

Por participar que no sea… ahora solo queda esperar y ver en qué queda la cosa.

 

Fernando Vich (Foto de Photos to go; Viñeta de Daniel Paz)